Fiscalía imputa a Santiago Peña y Carlos Carvallo y solicita prisión preventiva y medidas patrimoniales
El Ministerio Público formuló imputación contra el expresidente de la República, Santiago Peña Palacios, y el extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en el marco de la causa penal relacionada con presuntas irregularidades en la colocación de fondos públicos y previsionales en Ueno Bank S. A.
La investigación está a cargo de los fiscales Christian Manuel Benítez Cáceres, Silvia Margarita González Vóster, Elena Fiore Franco y Ruth Karina Benítez, quienes presentaron la imputación el 7 de noviembre de 2026.
A Santiago Peña se le atribuye la presunta comisión de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor. Según la hipótesis fiscal, durante su gestión presidencial habría intervenido en decisiones vinculadas a la colocación, renovación y permanencia de recursos públicos y previsionales en la entidad bancaria.
Por su parte, Carlos Carvallo fue imputado por supuesta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, en calidad de autor. La Fiscalía investiga su actuación en los procesos de autorización, regulación y supervisión de Ueno Bank, así como las comunicaciones remitidas al Congreso sobre la situación de la entidad.
Uno de los datos incorporados a la investigación corresponde a un informe de la Dirección General del Tesoro Público, que señala que, hasta septiembre de 2026, los fondos de organismos estatales depositados en Ueno Bank habrían alcanzado aproximadamente G. 3,6 billones y USD 233,4 millones.
La representación fiscal sostiene que también existen operaciones crediticias con empresas vinculadas al grupo económico de la entidad que presentan presuntas irregularidades.
Como parte de las medidas solicitadas, los fiscales requirieron al juzgado penal de garantías la prisión preventiva de ambos imputados. Además, solicitaron la inhibición general de enajenar y gravar bienes, la identificación de cuentas bancarias, depósitos, inversiones, inmuebles, vehículos y participaciones societarias.
La investigación continuará con el análisis de documentación financiera, informes técnicos y actuaciones administrativas para esclarecer las operaciones examinadas, determinar una eventual afectación de recursos públicos y establecer las responsabilidades que correspondan.
Los pedidos de la Fiscalía deberán ser analizados por el juzgado competente, mientras los hechos atribuidos permanecen sujetos al proceso judicial.
GRUPO CENTRAL MEDIA
CMI - RED 24 HORAS NOTICIAS - OVIEDO AL DÍA - CENTRAL STREAM - CM PRESS
A Santiago Peña se le atribuye la presunta comisión de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor. Según la hipótesis fiscal, durante su gestión presidencial habría intervenido en decisiones vinculadas a la colocación, renovación y permanencia de recursos públicos y previsionales en la entidad bancaria.
Por su parte, Carlos Carvallo fue imputado por supuesta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, en calidad de autor. La Fiscalía investiga su actuación en los procesos de autorización, regulación y supervisión de Ueno Bank, así como las comunicaciones remitidas al Congreso sobre la situación de la entidad.
Uno de los datos incorporados a la investigación corresponde a un informe de la Dirección General del Tesoro Público, que señala que, hasta septiembre de 2026, los fondos de organismos estatales depositados en Ueno Bank habrían alcanzado aproximadamente G. 3,6 billones y USD 233,4 millones.
La representación fiscal sostiene que también existen operaciones crediticias con empresas vinculadas al grupo económico de la entidad que presentan presuntas irregularidades.
Como parte de las medidas solicitadas, los fiscales requirieron al juzgado penal de garantías la prisión preventiva de ambos imputados. Además, solicitaron la inhibición general de enajenar y gravar bienes, la identificación de cuentas bancarias, depósitos, inversiones, inmuebles, vehículos y participaciones societarias.
La investigación continuará con el análisis de documentación financiera, informes técnicos y actuaciones administrativas para esclarecer las operaciones examinadas, determinar una eventual afectación de recursos públicos y establecer las responsabilidades que correspondan.
Los pedidos de la Fiscalía deberán ser analizados por el juzgado competente, mientras los hechos atribuidos permanecen sujetos al proceso judicial.
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